Así funciona el sistema de garantías públicas francés que podría aplicarse en España
Hace tiempo que el mercado del alquiler dejó de ser una alternativa asequible para quienes no podían acceder a la compra. Hoy ha pasado a convertirse en un mercado en ebullición. Con unos precios disparados, buscar soluciones a la escalada de las rentas y la escasa oferta se ha convertido en un reto que enfrentan muchos gobiernos. España no es una excepción. Desde el Ejecutivo central anunciaban hace apenas unas semanas nuevas medidas al respecto.
Entre la batería de iniciativas planteadas para atajar el problema de la vivienda está la creación de un sistema de garantías públicas inspirado en el modelo francés. Este mecanismo busca beneficiar tanto a propietarios como a inquilinos. ¿Cómo? Ofreciendo una red de seguridad que fomente el alquiler asequible. ¿Cómo funciona este sistema en Francia y cómo podría implementarse en España? Desde el Ejecutivo han anunciado que estará en funcionamiento este mismo año. Sin embargo, ya hay quienes cuestionan su viabilidad en el contexto español.
El modelo francés: garantía para propietarios e inquilinos
El sistema de garantías públicas francés se conoce como Visale (Visa pour le Logement et l’Emploi). Se trata de una iniciativa desarrollada por Action Logement, una organización pública-privada, en colaboración con el Gobierno de Francia. Su objetivo principal es garantizar el pago del alquiler a los propietarios y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a una vivienda digna. Las personas con mayores dificultades para encontrar soluciones habitacionales ya sean jóvenes, trabajadores con contratos precarios, etc. son los principales destinatarios.
La mecánica es sencilla, tanto que se tramita de manera digital. El primer paso es el registro gratuito del inquilino en la plataforma de Action Logement y, a partir de ahí, se empieza a tramitar el certificado Visale. El modelo galo permite comprobar en el momento si el inquilino cumple los requisitos necesarios para la tramitación. No obstante, es la propia plataforma la que debe comprobar la viabilidad del inquilino. Una vez aprobado, el inquilino puede buscar una vivienda dentro de los límites de renta establecidos por el programa. El documento acredita que cuenta con la garantía pública y puede presentarlo al propietario como aval.
Los propietarios, por su parte, también han de estar dados de alta en el sistema. En su caso solo necesitan verificar la validez del certificado a través de la misma plataforma antes de firmar el contrato de arrendamiento. Si se produce un impago, el propietario notifica la situación y el sistema interviene para garantizar el cobro de las rentas. Mientras tanto, el inquilino recibe apoyo para resolver su situación financiera y cumplir con sus obligaciones futuras.
Todo el proceso se gestiona online algo que, a priori, garantiza una mayor rapidez y eficiencia. Además, el modelo galo establece distintos grados de protección en función del perfil de los inquilinos. De hecho, también protege en caso de daños en la vivienda o si hay que iniciar procesos de recuperación de la propiedad. En todo caso, el mecanismo no solo protege a los arrendadores. Para los inquilinos elimina la necesidad de contar con otro tipo de avales o garantías bancarias, barreras que a menudo complican el acceso a la vivienda. De esta manera, se democratiza el acceso a viviendas de alquiler sin que factores como la edad o la inestabilidad laboral sean un obstáculo insalvable.
Beneficios, diferencias y retos
La dinamización del mercado del alquiler francés está entre las principales bondades del sistema de garantías galo. La capacidad de generar confianza entre propietarios e inquilinos está detrás del paulatino éxito de un modelo que empezó a aplicarse hace ya casi una década. Otra ventaja interesante tiene que ver con la transparencia y simplicidad del proceso. La gestión digital de toda la tramitación facilita tanto la solicitud del seguro como la resolución de conflictos en caso de impagos. En la práctica esto se ha traducido en una reducción de tiempos y costes administrativos asociados a los contratos de alquiler.
El mecanismo que ha anunciado el Gobierno central funcionará de manera similar al modelo francés. El Estado actuará como garante del pago del alquiler, asegurando a los propietarios el cobro de las mensualidades, al tiempo que servirá para ampliar el acceso de los inquilinos a una oferta de vivienda asequible más amplia. En paralelo, se espera que esta medida fomente una mayor disponibilidad de viviendas, ya que los arrendadores tendrán más incentivos para participar en este esquema.
Sobre el terreno, el caso español planteará adaptar el modelo francés con algunas particularidades. Para empezar, el programa se destinará inicialmente a incentivar el alquiler asequible para menores de 35 años. Este enfoque podría restringir su impacto general en el mercado. Otra diferencia clave tiene que ver con el apoyo financiero. Mientras que en Francia el sistema cubre un amplio rango de precios de alquiler, en España podrían establecerse límites más estrictos al hilo del nuevo Índice de Referencia de Precios del Alquiler.
Aunque aún es pronto para hacer predicciones, también es cierto que el mercado inmobiliario español enfrenta características propias, como un mayor porcentaje de viviendas vacías, cuestión que podría requerir medidas complementarias para fomentar su uso. Junto al alcance del apoyo financiero, otro elemento controvertido es la propia financiación. Las limitaciones presupuestarias y las prioridades económicas actuales podrían complicar su aplicación.
El éxito del sistema dependerá, en cualquier caso, de multitud de factores. No obstante, este mecanismo podría convertirse en una herramienta clave para democratizar el acceso a la vivienda impulsando la estabilidad tanto de propietarios como de inquilinos.
Fuente: Pisos.com
