El consejero de Vivienda del Gobierno de las islas, Pablo Rodríguez, ha hablado sobre la crisis habitacional que se vive en el archipiélago
El consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha resaltado durante SIMA 2025 las constantes medidas que se están implementando para reducir los precios del actual mercado del alquiler, que ha sufrido un incremento interanual del 12% en España, y del 7,2% en el archipiélago, según los datos publicados por idealista el pasado mes de abril.
Rodríguez ha calificado estas iniciativas como “positivas y necesarias”, pero, a su vez, ha destacado que la mayoría de las medidas están enfocadas en el mercado del arrendamiento y no tanto en el de compra: “Estamos forzando a las personas a vivir en régimen de alquiler, tenemos que ampliar el abanico, aumentar la oferta y fomentar la compra”.
El consejero ha manifestado la “complejidad y la magnitud que esto conlleva, sobre todo en Canarias, donde el territorio es finito, y, además, el 40% de nuestro espacio está protegido”.
Rodríguez también ha manifestado el descenso en la producción de viviendas en Canarias, que ha pasado de las 3.000 unidades anuales en 2008 a los 1.500 inmuebles/año el pasado ejercicio, el cual ha catalogado como el “gran problema”, ya que la oferta ha descendido mientras la demanda ha aumentado “con creces”. Según los datos del Gobierno de Canarias, el número de habitantes en las islas ha aumentado en 500.000 personas durante los últimos 20 años.
Como respuesta a esta falta de oferta, el consejero ha expresado varias medidas que están implantando desde el Ejecutivo regional: Ceder suelo dotacional y de equipamiento para vivienda, reutilizar edificios inacabados durante la crisis de 2008 para destinarlos al sector residencial, y modificar los suelos turísticos no explotados para ofrecer un uso destinado a vivienda. Por su parte, también apuestan por la vivienda protegida, que ha aumentado de las 100 licencias concedidas en 2022 a las 2.000 emitidas el pasado año.
Respecto a las viviendas turísticas, el consejero ha dicho que “no hay que damnificarlas” porque “ayudan a la economía de las clases medias”. Sin embargo, ha destacado la ley de topes máximos de alquiler vacacional que se encuentra actualmente en tramitación.
Por otro lado, aunque relacionado, Rodríguez ha manifestado que las “limitaciones de precios al alquiler va a quebrar la posibilidad de la gente para acceder a los hogares. Además, estas restricciones de precios solo afectan a los alquileres más altos, los que la gente no se puede permitir”.
Esta misma opinión tiene el viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García, que ha asegurado que “la intervención pública genera el efecto contrario en el mercado, perdemos oferta”.
Para cumplir el objetivo de poner más viviendas en el mercado, el viceconsejero ha resaltado tres cambios que deben aplicar desde la administración: “Bajar los impuestos al sector de la construcción, acelerar las licencias urbanísticas y agilizar las trabas burocráticas en las concesiones de suelos, y ofrecer seguridad jurídica para que los propietarios pongan sus viviendas en el alquiler.
Como solución, el consejero canario también ha destacado la vivienda de alquiler asequible incentivada, la cual consiste en favorecer la construcción de inmuebles protegidos a manos de constructores privados, con el objetivo de que la gestione la institución pública a cambio de incentivos fiscales. Además, Rodríguez ha recalcado la necesidad de que “las empresas que obtengan beneficios económicos en Canarias lo reinviertan en las islas”.
Algo similar ha explicado García, quien ha reconocido que “no somos capaces de poner en carga toda la vivienda necesaria, por lo que necesitamos apostar por la colaboración público-privada”.
Fuente: Idealista.com
