El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, presentó el pasado lunes el decreto ley de vivienda que ha aprobado el Consejo de Gobierno y que persigue “dar respuesta al principal problema” que tienen los canarios con el acceso a la vivienda, y ante la “enorme” demanda existente.
Rodríguez admitió que este problema tiene “mucho que ver” con la “tensión” entre la oferta y la demanda, de ahí que el nuevo decreto ley incorpore medidas para actuar en el incremento de la oferta para “dar respuesta a la enorme” demanda que existe de acceso a la vivienda.
La norma recoge dos paquetes de medidas. Por una parte, aumentar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y por otro lado para promover, impulsar y facilitar la construcción de vivienda protegida.
En el caso de las medidas para incrementar la disponibilidad del suelo con destino a vivienda, resaltó el uso del suelo dotacional público para la construcción de vivienda protegida de promoción pública. Es decir, en suelo para equipamientos se podrá construir vivienda protegida.
Por otro lado, se recoge la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelo sin desarrollar, así como el cambio de uso de parcelas a residencial, y la recuperación de suelo urbanizable residencial que estaba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados.
En cuanto al paquete de medidas para incrementar la utilización de edificaciones con destino a vivienda, recoge la recalificación de locales y de edificios completos cambiando su uso actual al de vivienda, “acogiéndose todos” al decreto de habitabilidad.
Asimismo, se recoge la rehabilitación de urbanizaciones y edificaciones no terminadas, permitiendo que puedan salir adelante. A todo ello se suma que el decreto ley también incluye medidas para agilizar y simplificar los trámites, la admisión, ya que uno de los “problemas iniciales” era la cesión del suelo municipal.
El decreto ley establece que la cesión de suelo municipal en favor del Instituto Canario de la Vivienda o de la empresa Visocan “será a través de unos requerimientos mínimos, es decir, desde la toma en consideración de la cesión por parte de los plenos municipales ya se podrá trabajar en los suelos cedidos”.
Por otro parte, se recoge la calificación como proyecto de obras públicas de interés general la construcción de vivienda de promoción pública con efecto de prevalencia sobre las determinaciones del planeamiento discordante, lo que supone “declarar la obra pública de vivienda en el caso de la Administración como obra de interés general”.
La declaración de urgencia permitirá reducir los plazos en los cumplimientos de trámites y procedimientos administrativos. El consejero añadió que lo que busca el decreto ley es “promover, impulsar y facilitar” la construcción de vivienda protegida.
Por otro lado, se modifica del Módulo Básico canario, indicando que se adecuará a la realidad actual del mercado y a cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/m2, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros/m2.
Por último, señaló que se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM (las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos), permitiendo que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.
Fuente: Idealista.
