El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprueba el veto que devuelve a la Cámara Baja el Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia
El Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que incluye medidas como los nuevos juicios exprés en las okupaciones de viviendas o la supresión de las ‘golden visa’, se ha topado con el veto del Senado.
La normativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre, pero la Cámara Alta ha aprobado el veto presentado por el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, según consta en el Boletín de las Cortes Oficiales de este 2 de diciembre. Esto significa que el texto será remitido nuevamente al Congreso, que podría levantar el veto.
Entre las medidas incluidas en la normativa, dirigida en su mayoría a modernizar la justicia, destacan la agilización de los juicios para casos de okupación ilegal de viviendas o el fin de los visados de oro a extranjeros que inviertan más de medio millón de euros en una vivienda.
En el caso de la okupación, la normativa que logró el visto bueno del Congreso contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días.
Con la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los casos de ocupación ilegal se suman a la lista de delitos menos graves susceptibles de ser procesados por la vía rápida, que hasta ahora incluía delitos como hurtos y robos. La medida ha sido celebrada en algunos sectores como un avance en la lucha contra la okupación, pero no sin cierta reserva. Y es que no se incluye la inquiokupación.
En el caso de las ‘Golden Visa’, se incluyó una disposición transitoria para suprimir estos visados en el futuro, respetando a aquellos inversores o familiares de inversores que lo hubieran solicitado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la norma.
Esta medida entró en vigor bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y su eliminación estaba prevista para 2025. Entre enero y octubre el número de visados de oro concedidos asciende a 780, con una inversión media de 657.204 euros, mientras que desde abril, fecha en la que el presidente el Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el fin de estos visados de residencia, se han concedido 573 permisos.
Los motivos que esgrime el PP
Según consta en el informe de la ponencia, la propuesta de veto planteada por el PP esgrime que una “ausencia de correcta técnica normativa” y “de planificación y orden, provocando al tiempo la tramitación de dos proyectos de ley que afectan a las mismas normas, genera no sólo confusión sino caos y un grave ataque a la seguridad jurídica”.
El partido también argumenta que “no basta para justificar la mala técnica normativa que el Gobierno pase por dificultades para avanzar en sus proyectos y propuestas normativas. El ordenamiento prevé garantías para los ciudadanos frente a una acción desordenada y abusiva de los poderes del ejecutivo” y recalca que “el Parlamento no puede asistir impávido ante todo tipo de tácticas y estratagemas que perjudican a aquéllos a los que representa y dar por buenos meros contenedores asistemáticos de normas que se reforman una y otra vez para evitar incoherencias, omisiones, contradicciones que son propias de la técnica elegida en las iniciativas legislativas”.
Asimismo, añade que “el proyecto tiene una nueva configuración, estructura y denominación y como tal no ha pasado por los trámites preceptivos” y alerta de que “el momento en el que coincide en su tramitación con otras reformas sobre las mismas leyes pueden provocar la aprobación casi simultánea de los mismos preceptos con distinto texto, como ya ha ocurrido en otras ocasiones por falta de planificación y coordinación del Gobierno. La mezcla de materias que pretenden una especie de cheque en blanco para forzar la aprobación de lo no querido, incluso rechazado por las fuerzas políticas, por aquello en lo que puede haber coincidencias, aceptando todo aquello sobre lo que es muy difícil alcanzar un cierto consenso, desaconseja que este proyecto siga su tramitación para que el Gobierno haga lo que tuvo que hacer desde el principio y se configuren las distintas leyes de reforma en función de sus objetivos fundamentales […] Es aconsejable que se trabaje de forma separada e independiente en cada uno de los textos legislativos que se pretende modificar, para su posterior tramitación por las Cortes Generales. Y ello fundamenta, entre otros motivos esenciales, la presentación del actual veto”.
Fuente: Idealista.com
