Llega el 30 de mayo y, como ordena el rojo del calendario, empresas y administraciones canarias trancan las puertas y echan los fechillos. Lo normal, si hacemos un paréntesis en este año de crisis sanitaria, es que las plazas se llenen de banderitas y de bailes de taifas al son de isas, folías, seguidillas y polcas, coros infantiles cantando el himno patrio al unísono, conferencias sobre la cultura amazigh y la lengua tamazigh, degustaciones de gofio, puestos de pintaderas, encuentros de verseadores, exhibiciones de saltos del pastor, de silbo, de trilla, de arrastre, torneos de envite, de luchada, de bola canaria…
Algunas tradiciones se realizan solamente en un pueblo, como la de esquilar cientos de ovejas en Caideros (Gáldar, Gran Canaria) ante la admiración de cientos de espectadores… y la indignación de otros pocos, que critican que la mayor parte de la lana ya no se usa para nada, devaluada como está por el éxito del tejido sintético. Pero es que, en general, al Día de Canarias no le falta controversia: hay quien lo ve más como una distracción que como una celebración, con tantos problemas sociales, políticos, económicos y medioambientales que claman atención, y hay quien lo siente incluso como una dolorosa burla hacia los que quisieron ser independientes y tuvieron que conformarse con ser autónomos.
Porque, por si no lo sabías, el 30 de mayo de 1983 fue el día en que se constituyó el Parlamento autonómico y los representantes canarios empezaron a legislar desde y para su región. También fue un 30 de mayo, pero de 1481, cuando el guanarteme de Gáldar Tenesor Semidán acató la soberanía de los Reyes Católicos sobre la isla de Gran Canaria mediante el conocido Pacto de Calatayud. Caprichos de la historia o coincidencias del destino, lo cierto es que el camino recorrido para llegar a marcar esta fecha en el calendario fue, como veremos, largo y tortuoso.
La Primera República y el pleito insular
Fue durante la Primera República española que, por primera vez, se propuso oficialmente convertir a Canarias en una región autonómica. En 1873, el proyecto de Constitución del nuevo Gobierno definía a España como una federación de estados autónomos que podrían tener su propia asamblea legislativa y competencias en ámbitos como industria, hacienda, obras públicas, educación…
El pleito insular, es decir, el enfrentamiento histórico entre las élites políticas y económicas de Tenerife y de Gran Canaria, era ya por aquel entonces un viejo conocido. Ciertos académicos han datado el inicio de las rivalidades en 1833, cuando Canarias se convirtió en una provincia con una única capital, establecida en Santa Cruz de Tenerife, pero a la que tanto una isla como la otra “creen tener derecho fundamentadas en su particular y opuesta interpretación de la historia”, en palabras del historiador Valle Benítez. Cuarenta años después, con la instauración de la República en España, regresaron las discusiones a la región sobre cómo dividirse en dos subestados, en lugar de preocuparse por construir un modelo autonómico integrador.
Sea como fuere, el proyecto constitucional nunca llegó a ser aprobado. El general Manuel Pavía irrumpió en el Congreso de los Diputados en 1874 y no gritó “que se sienten, coño”, pero sí que acabó con la República Federal y abrió las puertas a la dictadura del general Serrano y a la Restauración borbónica.
Para su segunda gran oportunidad de autonomía, Canarias tendría que aguardar casi sesenta años. Durante la espera, al menos pudo realizar importantes cambios en el puzzle político-administrativo de su territorio. En 1912, se crearon los Cabildos, en parte, como medida que resolviese “el problema canario”, o sea, el ya mencionado pleito insular. Desde Tenerife se pensó que así se alejaría la amenaza de la división en dos provincias, mientras que para los divisionistas grancanarios aquello era apenas un primer paso para cumplir sus objetivos. El abogado Juan Melián Alvarado le escribiría al diplomático Fernando León y Castillo por aquella época: “no hemos dividido la provincia, pero la hemos destripado”. Esta descentralización administrativa de Gran Canaria inició el proceso que culminaría en 1927 con la ansiada división provincial.
Segunda República: segundo intento
El 9 de diciembre de 1931, la recién aprobada Constitución de la Segunda República proclamó España como un estado integral cuyas regiones tenían derecho a ser autónomas. Cataluña fue la primera en romper el hielo: aprobó su Estatuto de autonomía en 1932.
En Canarias, el nuevo marco legal volvió a colocar en primera línea de fuego las rencillas de chicharreros y grancanarios. Ramón Gil-Roldán, presidente de la Mancomunidad Provincial Interinsular de Santa Cruz de Tenerife, impulsó en 1931 un Estatuto (y luego otro en 1936 con pequeños cambios) donde propuso dar mayor autonomía a los municipios, sustituir a las mancomunidades por diputaciones para administrar las provincias, crear un Consejo Regional (órgano representativo y supremo del régimen autonómico) para legislar en ámbitos como educación, agricultura, economía, aguas del territorio canario…
Pero, en realidad, estos estatutos no aprovecharon ni de lejos las posibilidades que brindaba la Constitución republicana. Por ejemplo, seguían sin plantear un parlamento autonómico con plenas funciones o un Consejo Regional con amplias competencias administrativas. La propuesta de Gil-Roldán era tan limitada que parecía haber sido ideada bajo el marco jurídico de la Restauración, y no bajo el republicano.
El curso de la historia, en cualquier caso, volvería a interrumpir los pocos avances realizados. El estallido de la Guerra Civil y los posteriores cuarenta años de dictadura militar sepultarían todo atisbo de espíritu de autonomía en las islas.
La autonomía canaria en tiempos de democracia
Y llegó la Transición. La Constitución de 1978 reconoció la existencia de nacionalidades y regiones a través de 16 artículos (del 143 al 158). Califica algunas comunidades como “históricas” y, en el caso de Euskadi y Navarra, mantiene sus «derechos históricos de los territorios forales». En 1979, Cataluña y Euskadi aprobaron sus Estatutos de autonomía. En 1981, le tocaría el turno a Galicia, Andalucía, Asturias y Cantabria. Y, en 1982, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra.
El Estatuto Canario se había ido elaborando poco a poco. Se definió la creación de órganos como el Parlamento de Canarias, el Gobierno Canario, el Diputado del Común y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se estableció la capitalidad compartida en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, de forma que la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico tendría que alternarse cada legislatura. Unas circunstancias extrañas, únicas en España, con las que asestar un golpe certero (que no mortal) al eterno pleito.
El Estatuto ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo. En 1996, una ley orgánica que ampliaba su marco de competencias, redefine Canarias como nacionalidad e introduce el concepto de archipiélago para referirse al territorio, entre otras novedades. La L.O. más reciente ha sido la de noviembre de 2018, que, entre otras cosas, desvincula el Régimen Económico y Fiscal del sistema de financiación autonómica, elimina el aforamiento de los diputados regionales, amplía el Parlamento a 70 escaños y modifica su polémica ley electoral, reconoce a La Graciosa como la octava isla canaria, garantiza una renta ciudadana a personas en situación de exclusión social y establece como aguas canarias las que forman parte del perímetro lineal del archipiélago.
Pero volvamos a 1982. La Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Canarias fue aprobada en agosto. En diciembre, en el Parador del Teide, el socialista Jerónimo Saavedra fue elegido como primer Presidente del Gobierno de Canarias. Y al año siguiente, al fin, se constituyó el Parlamento autonómico, que en sus primeros treinta años de vida aprobaría un total de 317 leyes. Aquel 30 de mayo de 1983, Pedro Guerra, el político (su hijo, el famoso cantautor, tenía sólo 16 años aquel día), primer presidente de la cámara, abriría la sesión defendiendo «edificar una región de islas, desde ahora y para siempre».
Fuente: alegando.com
